El documento, que deriva del proyecto de investigación PRYO88/10 ‘Valoración de inequidades en el régimen de financiación de la Ley de Dependencia. Consecuencias para la Comunidad Autónoma de Andalucía’, se adentra en una valoración económica del sistema en Andalucía y en España.
La investigación realizada desvela que el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) presenta un grave déficit de información que dificulta el cálculo del coste de implantación de la Ley de Dependencia en España. Durante el año 2011, el coste directo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se estima en 1510 millones de euros (1% del PIB de Andalucía en 2010) aunque no se incluyen los costes de gestión e información, los costes indirectos, la ayuda informal prestada a los dependientes y las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.
El informe arroja luz sobre el sostenimiento y el futuro de la aplicación de la Ley de la Dependencia a la vez que arroja datos sobre las diferencias entre las comunidades autónomas. La renta de los dependientes varía de forma importante lo que implica que su aportación al copago también se ve afectada de forma significativa. Se ha evaluado que, a igualdad de servicios prestados, las diferencias en copago pueden obligar a las CCAA con rentas promedio más bajas a incrementar su financiación en hasta 255 euros por dependiente y año. En el caso de Andalucía esto supondría un incremento de financiación de 12,7 millones de euros anuales respecto al promedio.
De esta forma, el estudio muestra como necesario profundizar en el estudio del impacto de los respectivos copagos en los diferentes tramos de renta de los beneficiarios y la inequidad que podría derivarse de la existencia, en España, de 17 sistemas de copago diferentes. También será importante, tanto por lo que representa de volumen de gasto, por el impacto en la calidad de vida de los dependientes y por las posibilidades de creación de empleo, estudiar mejoras en la gestión del servicio de Ayuda a Domicilio, tanto en orden a reducir sus costes como a incrementar la calidad de la prestación mediante modelos de explotación, pública, privada o mixta que sean más eficientes.
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