28 may 2013

“La reforma agraria del siglo XXI no puede limitarse a redistribuir la tierra, tiene que ser una reforma agraria verde”

Con motivo de la presentación en la Feria del Libro de Sevilla del sexto Cuaderno de Andalucía en la Historia Contemporánea, ‘La cuestión agraria en la historia de Andalucía’, rescatamos una conversación con su coordinador Manuel González de Molina

Para el catedrático de Historia Contemporánea de la UPO esta cuestión sigue estando hoy de absoluta vigencia, aunque con “matices”.

P: ¿Qué es la "vieja cuestión agraria"?

R: La cuestión agraria surgió a finales del siglo XIX, en plena crisis agraria, motivada por el contraste entre el desempleo y las dificultades para la subsistencia de buena parte del campesinado con y sin tierra y la concentración en pocas manos de una importante cantidad de tierra agrícola.  Este contraste no era nuevo, pero adquirió tintes insoportables en las condiciones de la época: buena parte de los bienes de propios y comunales, habitual soporte de las economías campesinas, estaban siendo privatizados de uso en beneficio de las oligarquías locales; el empleo agrícola se había convertido prácticamente en la única forma de subsistencia para un segmento mayoritario de la población rural andaluza, entonces mayoritaria; y las oportunidades de empleo en actividades económicas alternativas eran muy limitadas por la falta de músculo de la industria andaluza. Esas condiciones, en las que la propiedad de la tierra más que el capital de explotación condicionaba la percepción de la renta agraria, permanecieron prácticamente constantes hasta la industrialización de la agricultura andaluza en los años sesenta y primeros setenta. De ahí su protagonismo durante prácticamente todo el siglo XX. 

P: ¿Es cierto que en Andalucía no hubo Reforma Agraria en la Segunda República? Y qué ocurrió con la de los años 80 ¿tampoco la hubo? ¿Por qué?

R: Sí que hubo reforma agraria en Andalucía, tal y como atestiguan algunas monografías (Sigler, Garrido, López Ontiveros y Mata Olmo, Robledo, etc.) y las memorias provinciales del Instituto de Reforma Agraria (IRA). La ley contenía actuaciones en ámbitos muy diversos, que no se limitaban al reparto de los agrandes fincas expropiadas y que fueron puestos en práctica. Esta, que era la faceta más llamativa de la reforma, comenzó a ponerse en práctica con la ocupación por parte del Instituto de grandes latifundios y la realización de los planes de asentamiento, pero no dio tiempo a completarlos. La falta de respaldo presupuestario de muchas de las actuaciones del IRA y el poco convencimiento del gobierno radical-cedista, sin duda, influyeron en el retraso, pero una medida de la complejidad y envergadura de la reforma agraria no podía llevarse a cabo en los poco más de cuatro años que mediaron entre sus aprobación y la Guerra Civil.

Algo muy diferente ocurrió en 1984. La Ley de Reforma Agraria que entonces aprobó el recién constituido parlamento andaluz, pretendía más calmar las reivindicaciones del  movimiento jornalero, redivivo efímeramente en los primeros años ochenta, que a una voluntad real de redistribuir la propiedad. La experiencia muestra claramente la incongruencia de aplicar un esquema de reforma agraria propia de la primera mitad del siglo XX, que hacía hincapié en la mejora de la producción, a una agricultura ya modernizada en el contexto de una política agraria común que perseguía limitar excedentes y los daños ambientales que el manejo industrial estaba provocando. Los magros resultados de la reforma confirman su carácter contradictorio y en cierta medida anacrónico. La propiedad de la tierra sigue hoy aún más concentrada que antes, tal y como se desprende del censo agrario de 2009.

P: Usted sostiene que reforma agraria no habría llevado a un crecimiento agrario,  aunque sí habría sido una medida de justicia social ¿por qué?

R: Tengo que precisar esta afirmación: la historiografía española tradicional vinculaba, por influjo del regeneracionismo agrario, la existencia de los latifundios (abusivamente extendido a toda la geografía rural andaluza) con el atraso de la agricultura meridional y por tanto identificó ex ante la redistribución de la tierra mediante reforma agraria con la modernización del sector, es decir, con su industrialización. Creo que una mejor redistribución de la tierra per se no habría propiciado un crecimiento agrario considerable antes de la Guerra Civil. Tal crecimiento dependía de desarrollos tecnológicos que se dieron con posterioridad, asociados a la difusión del paquete de la llamada "revolución verde" (máquinas, semillas mejoradas, fertilizantes químicos, fitosanitarios y combustibles fósiles baratos). Las posibilidades reales de intensificación de las explotaciones agrarias andaluzas con anterioridad a la crisis de 1929 estaban limitadas por la tecnología disponible, básicamente la utilización de fertilizantes químicos. Los abonos artificiales permitían incrementar los rendimientos por unidad de superficie en los secanos cereralistas (incremento que efectivamente se dio, como muestran las estadísticas agrarias), pero no un cambio significativo de los cultivos en el que cobraran mayor protagonismo los que generaban mayor valor añadido (frutas y hortalizas o cultivos industriales, por ejemplo). Para ello se necesitaba convertir muchos de los secanos andaluces en regadíos.

Efectivamente, una vinculación más estrecha entre la política de regadíos y la reforma agraria, tal y como había reclamado Joaquín Costa, hubiera permitido un crecimiento agrario considerable en las zonas regables de la época y reducido sustancialmente la gravedad de la cuestión agraria mediante la colonización interior. Sin embargo, la ley de reforma Agraria de septiembre de 1932 y el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de Lorenzo Pardo no tuvieron la necesaria coordinación que las circunstancias exigían. En cualquier caso, la reforma agraria que los gobiernos republicanos trataron de realizar estaba plenamente justificada desde el punto de vista social, especialmente a comienzos de los años treinta en que la crisis económica y el boicot patronal de la legislación republicana del primer bienio habían incrementado el desempleo y empeorado las condiciones de vida del campesinado.

P: Tomando prestadas sus palabras, ¿en qué consiste la "nueva cuestión agraria"?

R: Con el tiempo y la completa industrialización de la agricultura, la propiedad de la tierra ha ido perdiendo peso en beneficio del capital de explotación. Dicho de manera más clara, tan importante es hoy la propiedad de la tierra como el uso que se le da, es decir cómo y con qué medios se trabaja. Los insumos, en su mayoría químicos sintetizados a base de petróleo, tienen hoy un peso decisivo en el nivel de la producción agraria y por tanto en la renta que proporcionan y los daños ambientales que provocan son tan relevantes que amenazan la capacidad productiva futura de nuestros sistemas agrarios. En consecuencia, la reforma agraria del siglo XXI no puede limitarse a redistribuir la tierra agrícola en manos de grandes propietarios. Además de ello, es imprescindible producir de manera sostenible, es decir, sin deteriorar la base de nuestros recursos naturales (agua, suelo, biodiversidad, salubridad de los alimentos, etc.). La reforma del siglo XXI tiene que ser, pues, una reforma agraria verde. Por otro lado, la dependencia de los agricultores de la agroindustria y de la gran distribución es responsable de la pérdida continuada de rentabilidad y del continuado abandono de la actividad agraria. Una reforma consecuente tiene que abordar los demás eslabones de la cadena agroalimentaria (manipulación y transformación poscosecha, comercialización, distribución, consumo, etc.). Debe cambiar el enfoque productivo y productivista tradicional para adoptar un enfoque sistémico que abarque la larga y compleja cadena alimentaria.

No obstante, la tierra sigue siendo el soporte esencial de la actividad agraria. El continuado deterioro de la renta se viene compensando parcialmente mediante subvenciones y éstas están vinculadas a la propiedad. Su pésima distribución es responsable de que un flujo muy importante de recursos públicos vaya a parar a un puñado de propietarios, desvirtuando el carácter compensatorio de las ayudas comunitarias. La consideración de la tierra como un activo inmobiliario, y las consecuentes posibilidades de especular con él, han encarecido su precio y obstaculizado el acceso de los agricultores a una explotación de dimensiones económica y ambientalmente viables. Por eso hemos de seguir hablando de la cuestión agraria como redistribución de la propiedad, haciéndola accesible a los agricultores profesionales, especialmente a las explotaciones familiares y a los jóvenes que quieran serlo.       

P: ¿Por qué ha desaparecido la cuestión agraria de la agenda pública si es un tema primordial en la economía, cultura y sociedad de Andalucía?

R: Quizá porque Andalucía ha dejado de ser un país agrario y sus referentes, que históricamente fueron rurales, han dejado de tener la capacidad identitaria que tuvieron en el pasado. La cultura andaluza es hoy mucho más urbana y los símbolos asociados a la cuestión agraria han dejado de identificar incluso a los habitantes de nuestros pueblos. El proceso de desagrarización se ha extendido y cada vez son menos los ocupados en la actividad agrícola y menos aún los preocupados por su problemática. El predominio que aún tiene el reparto de la propiedad en nuestro imaginario abona la falsa idea de que la cuestión agraria es ya una cuestión del pasado y que los temas relevantes son otros. Por otro lado, su gran impulsor, el movimiento de los campesinos sin tierra, prácticamente ha desaparecido; aunque estamos asistiendo a una cierta reemergencia, vinculada a la crisis económica y la reivindicación de un banco de tierras que algunos sectores de la izquierda sindical y política han propuesto recientemente. Esta sería una magnífica oportunidad de plantear la cuestión agraria en sus dimensiones actuales y ponerla de nuevo en el centro de la actualidad política y social.

P: Afirma que los historiadores han sido eliminados del debate público de las ideas, algo que no ocurrió, por ejemplo, en la Transición. ¿Por qué ha sucedido eso? ¿En qué medida es eso culpa de los historiadores?

R: Las razones de esta pérdida de protagonismo son muy complejas y afectan al estatus profesional de los historiadores en una cultura que está dominada cada vez más por los medios audiovisuales. Los grandes relatos construidos para las películas, documentales y series de ficción tienen más capacidad de generar representaciones eficaces sobre el pasado que los artículos y monografías que producimos los historiadores. Por otro lado, la fuerte concentración que han sufrido los medios de comunicación en España ha contribuido a que se dé prioridad a los discursos ideologizados sobre la divulgación de la producción científica. Se trata de trasmitir ideologías de manera convincente e incluso de negar la verdad o enmascararla. Hacer esto con historiadores profesionales resulta mucho más difícil. Véase, por ejemplo, lo sucedido con la "revisión" interesada que se ha hecho de la República y la Guerra Civil o de la represión franquista, donde la tergiversación, las verdades a medias, las opiniones muchas veces infundadas, han sustituido al rigor de los datos.

Los historiadores también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Los temas a los que nos dedicamos no siempre enganchan con las preocupaciones de la gente y ello nos condena muchas veces a la irrelevancia social. Quizás convendría preguntarse de nuevo por la función que debemos desempeñar y cómo hacerlo de la manera más eficaz posible para "recuperar" el papel decisivo que en la construcción de la memoria colectiva tuvimos en el pasado.