Nº 72: Competencias autonómicas y gestión de la cuenca del Guadalquivir

Este informe jurídico propone una solución innovadora al conflicto de competencias sobre el Guadalquivir: la gestión unitaria por la Junta de Andalucía a través de la designación autonómica del presidente del organismo que gestione la cuenca, así como de la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno. El documento asimila esta fórmula a la que se utiliza para las Autoridades Portuarias donde se configura la participación de las Comunidades Autónomas en la estructura y organización de los puertos mediante una descentralización territorial y funcional que se concreta en atribuir a las CCAA la potestad de designar a los presidentes de las autoridades portuarias, así como en la composición de los Consejos de Administración de las mismas.

El documento, elaborado por dos expertos en Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, el catedrático Miguel Revenga Sánchez y el profesor José Joaquín Fernández Alles, describe asimismo la tres fórmulas reivindicativas llevadas a cabo en el pasado, consideradas  "de indudable valor en lo que tienen de experiencia pionera de relaciones intergubernamentales en materia de gestión de aguas": 1. El Real Decreto 1666/2008 de 17 de octubre, que articulaba el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, fórmula que perdió su validez por la anulación del artículo 51 del Estatuto de Autonomía. 2. La encomienda de gestión aprobada por la Resolución de 1 de julio de 2011 de la Dirección General del Agua, un periodo transitorio en el que el legislador ideó esta fórmula para articular la cooperación interadministrativa que respondía a las necesidades de compromiso mutuo y urgencia de una solución. 3. La proposición de ley orgánica que elevó el Parlamento andaluz al Congreso de los Diputados para la delegación de competencias a la Comunidad sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir, propuesta que  fue rechazada por el Congreso de los Diputados el 11 de junio de 2013.