El Observatorio de Gobierno Local que el Centro de Estudios Andaluces y la Fundación Pi i Sunyer pondrá en marcha a partir de noviembre, permitirá  realizar una radiografía del mundo local andaluz en lo que se refiere a la estructura organizativa, desarrollo de políticas públicas, entes instrumentales y gestión presupuestaria. Estas serán las cuatro líneas estratégicas del Observatorio, una iniciativa pionera en Andalucía, que ha sido presentada por el director del Centro de Estudios Andaluces, Alfonso Yerga, el director de la Pi i Sunyer, Jaume Magre, y el coordinador del trabajo en nuestra comunidad, el catedrático de Derecho Constitucional, Gerardo Ruiz Rico.

Para Alfonso Yerga este proyecto supone “una magnífica oportunidad de generar una red temática de investigación sobre el gobierno local que no debemos dejar pasar” al tiempo que subrayó la idoneidad y oportunidad del trabajo en la actualidad. “El nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, -señaló-, ha abierto un nuevo marco de relaciones entre el gobierno Autonómico y los gobiernos locales lo que supone nuevas relaciones interbugernamentales que hay que estudiar”. Según Yerga, el trabajo que se va a desarrollar “será referencia y de obligada consulta” para conocer las claves de la sociedad en la que vivimos.

El trabajo de campo del Observatorio del Gobierno Local comenzará el próximo 15 de noviembre, con la realización de una encuesta en 143 municipios andaluces de más de 10.000 habitantes, por un equipo de encuestadores de las ocho provincias andaluzas. En este equipo multidisciplinar, coordinado desde la Universidad de Jaén por el catedrático Gerardo Ruiz Rico, hay expertos en Sociología, Ciencia Política y Derecho. Las encuestas se desarrollarán al mismo tiempo en toda Andalucía y, a través de un cuestionario de más de 2.000 variables, se realizará un estudio exhaustivo que supondrá un auténtico compendio de Derecho Local.

Para el director de la Fundación  Pi i Sunyer, Jaume Magre, el Observatorio de Gobierno Local supone “dar actualidad a la investigación” y dotarla de “un contenido práctico y de aplicación social” dado que los datos obtenidos serán de una gran utilidad. Para Magre, estos datos “servirán a los políticos para emprender las políticas públicas necesarias, a los académicos y a los trabajadores municipales, amén de a los ciudadanos que tendrán una visión de conjunto y real de donde viven”.

El Observatorio que ahora se pone en marcha en Andalucía como “prueba piloto” ya ha sido desarollado en Cataluña por la Pi i Sunyer con interesantes resultados, de ahí que el Centro de Estudios Andaluces haya apostado por “la experiencia de esta institución, de reconocido prestigio y con una trayectoria impecable”, según Alfonso Yerga. Los responsables de ambas instituciones se felicitaron por la idea de emprender este trabajo en una comunidad tan extensa como Andalucía y anunciaron que el objetivo en el futuro es que estas mismas variables de medición se utilicen también en el resto de España.

Gerardo Ruiz Rico, por su parte, como coordinador del trabajo en Andalucía y especialista en Derecho Constitucional, subrayó la importancia de que “los responsables políticos cuenten con herramientas para hacer las políticas públicas” y apuntó a la futura Ley Andaluza Local cuyas directrices están definidas de forma clara en el Estatuto. Asimismo, anunció que los  primeros resultados del Observatorio de Gobierno Local se conocerán dentro de seis meses.